Abstract
Se argumenta que la corriente económica dominante constituye uno de los principales factores por los que el derecho humano al trabajo, reconocido en 1966 por la comunidad internacional, parece no haberse tomado en serio. En el discurso dominante el trabajo es un costo; el empleo, un objetivo de segunda categoría; las personas, recursos con especificaciones productivas, y los derechos, rigideces. Una economía política basada en los derechos humanos que pretenda asegurar el derecho al trabajo debe interpretarlo más allá de la mera lucha contra el desempleo, entender el pleno empleo como un fin en sí mismo y situar al individuo en el centro de su razón de ser.