Abstract
Las plataformas digitales de trabajo, que durante mucho tiempo han operado al margen de los marcos laborales convencionales, se enfrentan ahora a un impulso regulatorio. España parece estar a la vanguardia de este esfuerzo internacional, especialmente a través de una serie de iniciativas legislativas, entre las que destaca la llamada ‘Ley Rider’. A partir de un estudio cualitativo de caso ampliado, de 18 meses de duración, en el que participaron diversas partes interesadas, en este artículo se evalúa hasta qué punto España ha conseguido reintegrar a los repartidores que prestan servicio a través de plataformas en las relaciones de trabajo convencionales. Los resultados son dispares. Aunque los trabajadores han conseguido salarios fijos, vacaciones remuneradas y protección social, la incidencia de prácticas como la externalización, el trabajo a tiempo parcial involuntario y la intensificación del control y la vigilancia han erosionado las expectativas de trato justo, autonomía y confianza mutua. La ineficacia de las iniciativas legales que conceden a los representantes de los trabajadores acceso a los algoritmos de las plataformas pone de relieve la complejidad de los desafíos en este ámbito.