Abstract
A partir de datos sobre cobertura de la negociación colectiva en 80 países, los autores analizan las ventajas de la extensión de los convenios colectivos como herramienta política para preservar unos mínimos en cuanto a condiciones de trabajo y empleo. Como instrumento regulador, la peculiaridad de un convenio de eficacia general es que se fundamenta en el acuerdo entre organizaciones independientes, autónomas y representativas, pero es emitido por las autoridades públicas, lo que le confiere tanto las ventajas de un contrato como las de un estatuto. La extensión puede así amparar a trabajadores vulnerables que, de otro modo, quedarían desprotegidos, sin menoscabar la adaptabilidad de esta modalidad reglamentadora.