Abstract
Los corredores migratorios en América Latina y el Caribe han cambiado recientemente, principalmente impulsados por motivos laborales, pero también influidos por otros factores. La población migrante desempeña un rol trascendental en las economías y los mercados laborales de los países de acogida. Según datos de la OIT (2021), las personas trabajadoras migrantes constituyen el 4,9 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, lo que equivale a 169 millones de personas trabajadoras. La región alberga el 3,5 por ciento del total de personas trabajadoras migrantes del mundo, que se vinculan especialmente a la fuerza de trabajo en los sectores de servicios, construcción y agricultura, entre otros. Estas ocupaciones suelen contar con altos niveles de informalidad, bajos niveles de protección social y bajos salarios, lo cual afecta de manera diferenciada a cada persona según sus características personales.El llamado de la OIT ante esta situación ha sido hacia la promoción del trabajo decente y la protección de los derechos laborales como pilar de acción que engloba la oportunidad de acceder a un empleo productivo con un ingreso justo, que permita gozar de seguridad y libertad en el lugar de trabajo, de protección social, así como en general de mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social con igualdad de oportunidades y trato (OIT, s. f.a). Este desafío es igual de importante para las personas nacionales y las migrantes, aunque teniendo en cuenta que las personas migrantes suelen ser más vulnerables ante atropellos de derechos en el trabajo.